August 23, 2018 03:01 PM

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No son estos buenos tiempos para el presidente Donald Trump, que como nunca antes siente en la nuca el aliento de los investigadores que llevan casi dos años levantando todas las alfombras en las que pudiera haber delitos escondidos.     El martes, en un día que queda para los libros de historia, su exabogado Michael Cohen lo acusó en una comparecencia ante un juez de haberle ordenado que pagara a cambio de su silencio a dos mujeres que aseguran haber mantenido una relación extramatrimonial con el mandatario, con el fin de evitar que la aparición de esas revelaciones dañaran su campaña presidencial en 2016.

Por su papel en esos pagos, Cohen se declaró culpable de haber infringido las leyes que regulan las contribuciones a campañas políticas. Lo que lleva a la conclusión de que si el abogado violó la ley, quien presuntamente se lo ordenó también debe haberla violado. Si eso es así, el presidente habría cometido un delito grave y podría afrontar un proceso de destitución, lo que en la Constitución estadounidense se llama un impeachment.

¿Qué es el impeachment?

Si bien la Constitución no lo precisa explícitamente y el Tribunal Supremo nunca ha llegado a pronunciarse al respecto, lo cierto es que tradicionalmente se ha considerado que el presidente goza de inmunidad de ser acusado en un tribunal mientras ejerce el cargo. Por lo que no se le pueden imputar delitos hasta que abandona la Casa Blanca.

La Constitución sí que ofrece una vía para destituir a un presidente, que es el impeachment, término que en español se conoce como juicio político o proceso de destitución. Este mecanismo funciona de esta manera: el primer paso es que la Cámara de Representantes por un voto de mayoría simple formule los cargos contra el mandatario. Luego, una vez esa imputación sea aprobada, pasa al Senado, donde se desarrollaría el juicio bajo la tutela del presidente del Tribunal Supremo y con los senadores ejerciendo de jurado. Para llegar a un veredicto de culpabilidad se necesita el voto favorable de dos tercios de los senadores. Si eso se produce, como consecuencia el presidente queda automáticamente destituido.

Precedentes

El impeachment es un procedimiento extraordinario que solo se ha usado en dos ocasiones en contra de un presidente. En el primer caso hay que remontarse a 1868, cuando en medio de una agria disputa con el Congreso, el presidente Andrew Johnson destituyó a su secretario de Defensa, en violación de una ley poco antes adoptada en que le prohibía destituir a funcionarios federales aprobados por el Senado. Al final, Johnson se salvó por un solo voto en el Senado de no perder el cargo.

El segundo caso es el del presidente Bill Clinton, a quien la Cámara de Representantes le imputó en 1998 los cargos de mentir bajo juramento y obstruir la justicia en relación a su affair con Mónica Lewinsky. En el posterior juicio en el Senado resultó absuelto, ya que no se llegó ni de lejos a los dos tercios necesarios para un veredicto de culpabilidad.

Si bien generalmente se cita al presidente Richard Nixon como otro caso de juicio político, lo cierto es que el mandatario renunció al cargo antes de que la Cámara de Representantes llegara a imputarlo por sus acciones durante el caso Watergate.

Stormy Daniels
Gregg DeGuire/WireImage

¿Le puede pasar a Trump? 

Esa es la pregunta que todo el mundo se hace desde que Cohen lo señalara con el dedo el martes, pero en la que los expertos no se ponen de acuerdo. En primer lugar, según un análisis de The New York Times, la interpretación legal que ha prevalecido hasta ahora es que los actos de que se acusa al presidente tienen que haberse cometido mientras ejercía el poder, lo que ocurrió en el caso de Johnson, Nixon y Clinton, pero no en el de Trump. El magnate era un candidato cuando presuntamente ordenó los pagos a sus supuestas examantes.

Pero, ahí está la clave, hay una excepción: cuando los delitos presuntamente se comenten para intentar llegar a presidente. Ahí sí que encuadrarían los hechos de que se acusa al presidente, ya que supuestamente los cometió con el fin de ocultar una información que podía perjudicar su candidatura. De acuerdo a Cohen, Trump le instruyó a que pagara a $150,000 por el silencio de la exmodelo de Playboy Karen McDougal y otros $130,000 por la misma razón a la exactriz prono conocida como Stormy Daniels. Esos pagos, al ser secretos y por sus canditades, son violaciones graves de las leyes de financiación de campañas. Trump y su equipo legal insisten en que los pagos, cuya existencia en un primer momento habían negado, se efectuaron con dinero que no procedía de la campaña, y que por tanto no constituyen un delito.

Quien al final deberá decidir si las acusaciones contra el presidente, estas y si aparecen otras, son merecedoras de un proceso de destitución es la mayoría de la Cámara de Representantes, que en la actualidad está en manos de los republicanos, pero que después de las elecciones de medio mandato de noviembre podría tener mayoría demócrata.

Así están las cosas, al menos hoy.

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