Paulina Rubio acaba de concluir un proceso legal con su exmarido y ahora se enfrenta a una nueva demanda por parte del padre de su hijo menor. ¿De qué se trata?

Por Carolina Amézquita Pino
Mayo 12, 2020
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Hace unos días se dio a conocer que Gerardo Bazúa había entablado una demanda en contra de Paulina Rubio con el fin de poder convivir de manera frecuente con Eros, el hijo de ambos. En aquel momento, la abogada de la expareja de la Chica Dorada aseguró que no se buscaba dinero; sin embargo, ahora se revelan detalles de la demanda que incluyen peticiones económicas.

Gerardo Bazúa y Paulina Rubio.

En el documento con número 104732994, que fue ingresado el 11 de marzo del 2020 en el tribunal del condado de Dade en Miami, el demandante solicita que se establezca su paternidad biológica, debido a que el niño está registrado como hijo de la cantante únicamente.

“[Paulina Rubio] tendrá 20 días para responder a la demanda”, explicó la abogada estadounidense Sandra Hoyos al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “En ese momento va a aceptar su paternidad o tendrá que pasar a una fase en la que se hacen pruebas de ADN para establecer la paternidad de Gerardo Bazúa”.

Credit: John Shearer/WireImage

Tras dicho reconocimiento, Bazúa pide tener responsabilidad compartida en el cuidado del chiquillo.

“En Estados Unidos uno no es el padre legal de un menor de edad hasta que la paternidad haya sido establecida, si el niño nació fuera de un matrimonio intacto”, agregó. “Que Paulina no le esté dando derecho a visitas en este momento no es ningún desacato judicial, no está llevando a cabo una acción ilegal porque él no ha establecido su paternidad legalmente y ella no tiene la obligación bajo la ley de entregarle al menor de edad”.

Credit: IG/Paulina Rubio

Respecto a la manutención del menor, Gerardo Bazúa pide que Paulina Rubio esté a cargo por completo de los gastos del niño porque él no cuenta con los recursos económicos necesarios. Además, la intérprete de “Ni una sola palabra” debe cubrir los gastos del proceso legal y pagarle un seguro de vida y discapacidad para “proteger los intereses del menor”.